Tranquilidad inquieta   El horizonte es un muro que me cabe entre las cejas

España se rompe. Pero la ruptura no se ve en planta, sino en alzado y perfil.
España parece un hojaldre.

Desengañémonos, vivimos en un estado franquista de baja intensidad. Lo anunció el viejo dictador y se salió con la suya al «dejarlo todo atado y bien atado para el futuro». Vivimos bajo la monarquía que se decretó en 1967, y que «recibió la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936», según palabras del propio Franco.

A partir de aquí, todo han sido cesiones más o menos graciosas de las que el régimen se ha despojado frente a la presión popular, eso sí, con una hábil y tramposa resistencia. Diría que los dos hitos principales han sido la Ley de Reforma Política surgida de unas cortes franquistas, y la Constitución Española de 1978, publicada en un BOE con un pollo por membrete y elaborada bajo un ruido de sables que no dejaría de sonar hasta 1981. Si la Ley de Reforma Política abrió algo la mano, la Constitución la cerró para siempre dificultándose a sí misma su propia reforma.

En medio de una realidad territorial, política y social diferente, nuestra constitución continúa sorda, gris o parda; y quienes más se oponían a ella, más la defienden hoy día. Que su primer artículo diga que la soberanía reside en el pueblo español de quien emanan los poderes del estado, aunque más adelante establezca que la justicia se administra en nombre del rey, sólo sirve para constatar que la constitución no sólo está desfasada, sino que no es garantía de nada.

Un país que permite que su Tribunal Supremo esté cuajado de jueces que sirvieron en los Tribunales de Orden Público franquistas, y donde las decisiones sobre la constitucionalidad o no de las leyes dependen más de la ley natural que de la voluntad popular, se podrá llamar o no franquista, pero no podrá decir que sus poderes emanan del pueblo. Un país en el que el voto de cada ciudadano tiene mayor o menor valor que el de los demás en razón de su residencia y de su opción política, podrá llamarse o no franquista, pero no podrá alardear de demócrata.

Hace algunos años leí una viñeta de Máximo publicada en EL PAÍS. Decía algo así como: “¿Quién debería pedir perdón por los crímenes cometidos en el pasado? Y en tal caso, ¿autorizarían los autores de tales crímenes pedir perdón en su nombre?” En mi opinión, la nuez de toda la controversia sobre la memoria histórica de nuestro país radica en esa reflexión. Es el Estado Español quien debe pedir perdón y resarcir a sus víctimas. Y añadiría para zanjar la cuestión, y nadie más.

Este estado que nació de una rebelión militar es quien ya se encargó en su día, no sólo de perdonar los crímenes cometidos en su nombre, sino de ensalzarlos. Por tanto, la Ley de Amnistía no estaba destinada a quienes cometieron crímenes en favor de un estado franquista, sino a los criminalizados por éste; aunque bien es verdad que no lo dice expresamente, por obvio. Aun así, admitamos que libres de crímenes por razón política, todos. No hay razón, pues, para que nadie pueda darse por aludido por la aprobación de la llamada Ley de Memoria Histórica (su nombre es más largo y responde más a su operatividad que a su sentido). Es el Estado Español, aquel que se rebeló contra una República, el que se condena a sí mismo en nombre de la Democracia, por el período transcurrido desde 1939 hasta 1975.

No se trata de levantar heridas, sino de restañarlas. El único culpable que queda en pie es el propio Estado que pide disculpas, condena las acciones que dieron lugar a su existencia, elimina los símbolos que contradicen esta condena (o cambia el sentido de estos), y trata de compensar a las víctimas.

Me gustaría pensar que las víctimas desaparecidas durante la guerra civil y la represión posterior ya no son patrimonio de sus familiares, sino de todos nosotros, ciudadanos que queremos compartir un país en paz con su historia. Y el Estado tiene la obligación de fomentar la localización e identificación de las víctimas, y la investigación sobre las circunstancias de tales desapariciones. Se puede ponderar el criterio de los familiares sobre el futuro de los restos, pero el Estado debería ejercer la misma potestad que tiene sobre los restos de cualquier otro ser.

A nadie debe ofender esta ley a menos que no condene la guerra civil y el franquismo. Nadie debería plantearse mantener un estado excluyente, mantener símbolos excluyentes, conferir valor excluyente a símbolos admitidos para la colectividad, o imponer elementos propios del ámbito privado en el público. Nadie, excepto quienes no se reconozcan identificados con la voluntad de este estado de reconciliarse con su pasado.